No me sorprendió en lo más mínimo que llegase el 1 de diciembre y la “nueva Mexicana de Aviación” operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no despegase, tal y como se les había ordenado desde Palacio con equipos Boeing 737-800, sino que lo hará, realmente ignoro cuando, aparentemente con uno o dos Embraer ERJ-145s en arrendamiento húmedo y bajo el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) de la aerolínea queretana TAR, luego de que la mala gestión con la que el tema de la Nueva Aerolínea del Estado Mexicano ha sido manejado por quienes lo han tenido a su cargo, no diese los frutos esperados. Y cuidado que eso no me lo contó nadie, sino que lo viví en carne propia.
El problema con la nueva operadora de aerotransporte trasciende el mega regaño que seguramente les dio a los responsables el alto mando, ya sea el ubicado en Zócalo o el que despacha en Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, por no haber cumplido en tiempo y forma lo ordenado, sino que abarca temas que, por lo menos a este analista le preocupan mucho, como son el de la posible ilegalidad de las reformas a la normatividad aeronáutica del país publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de mayo, todavía debatidas en el marco de acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) por diputados y senadores federales opuestos a Morena y que bien podrían tirarlas, manteniendo, hasta que se disponga lo contrario, disposiciones que en un principio impedirían que un concesionario o controlador de aeropuertos público o privado, suscriba más del 5% del capital de una aerolínea. Es decir, hasta que la SCJN no resuelva el asunto, me comentan amigos verdaderamente versados en temas de derecho aéreo, que lo que está haciendo la SEDENA con su nueva aerolínea por medio del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM) básicamente viola la ley mexicana.
Lo ilegal de su operación también se podría relacionar, sin afirmar que ello necesariamente haya tenido o vaya a tener lugar, pero hay que decirlo, sin descartarlo por completo, con la eventualidad de iniciarla beneficiándola de indebidos favores institucionales en su proveeduría de servicios aeroportuarios o en la obtención sin sustento de autorizaciones, permisos, recursos, certificaciones o dispensas por parte de las entidades gubernamentales relacionadas con la creación, financiación, regulación y supervisión de entidades paraestatales en México.
Si al tema de la aerolínea, que debería portar con decoro en los cielos una marca tan querida como Mexicana y que por cierto se ha convertido en motivo de burla nacional, le sumamos el incumplimiento de otros compromisos, que al final de cuentas son eso, compromisos, por más que los mismos fuesen a todas luces incumplibles, el asunto de la gestión castrense de ciertos proyectos a su cargo deja mucho que desear, como lo está dejando, afirmo nuevamente con bases, en el desempeño del funcionamiento de los aeropuertos “Benito Juárez” de la Ciudad de México a cargo de marinos y el del “Felipe Ángeles” de Santa Lucía a cargo de soldados.
Así las cosas en la aviación “civil” en tiempos de un lopezobradorismo que simple y sencillamente parece no entender, o no quiere hacerlo, cómo funciona o cómo debe funcionar.
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