Sin duda que el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, tiene razón: la Categoría 2 que le fue impuesta a la autoridad aeronáutica mexicana por la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) es un problema sistémico. Años de postergar a la aviación, aunado a la falta de comprensión de lo que significa para este país el sector aéreo, han colocado a nuestra industria en la olla en la que está hoy.
Y si bien el reconocer que el problema es sistémico por sí mismo no resuelve las cosas, sí es un avance porque muestra a un funcionario atento, ya que para la industria esta degradación ha dejado al descubierto las muchas falencias que tiene la nueva Agencia Federal de Aviación Civil desde su creación. Y es que, desde el decreto que la origina, no se hizo compatible con otros ordenamientos ni las normatividades que se negociaron a raíz de su creación, se enfocaban a cumplir con las exigencias de los anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o sólo lo hacían parcialmente.
Pero más allá de este aspecto legal, lo cierto es que la falla sistémica está localizada en el lugar que la industria aérea nacional tiene en el mapa nacional y en las prioridades del gobierno.
Mientras la industria aérea sea vista como una actividad de ricos y para ricos que viajan por placer, el asunto seguirá siendo un problema. La aviación es una actividad económica con un sustento político: es una herramienta para apuntalar la competitividad de un país, para que sectores económicos como el turismo y el comercio (que generan la mayor cantidad de divisas que el país necesita para vivir) crezcan y se fortalezcan y para que las decisiones en estas dos materias se tomen con base en las necesidades del Estado mexicano, no de las prioridades de las aerolíneas extranjeras.
Por eso la localización, tamaño y vocación de un aeropuerto no debe dejarse en manos de quien no parte de esas necesidades del Estado mexicano. Un aeropuerto no es una obra de relumbrón, es el corazón de una actividad económica que irradia a toda una región o a todo un país.
La falta de esta conciencia ha hecho que se vea a las terminales aéreas como adornos en el mapa de la República y medallas para los gobernantes y no como ese centro donde confluyen los mecanismos de desarrollo de una economía. Y con la autoridad aeronáutica pasa algo semejante: esa autoridad debe ser el rector de un gran acuerdo de los agentes de la industria para ser cada día más seguros, más sólidos, más confiables y como un motor de impulso al crecimiento.
Lo que genera la AFAC, dijo la SICT la semana pasada, bastaría para hacerla viable. Sin esa viabilidad las degradaciones no sólo son explícitas (como la de FAA) sino que estarían ahí implícitas en la debilidad, la falta de controles, de indicadores, de mecanismos claros para garantizar la seguridad operacional, la excelencia en la formación de técnicos aeronáuticos y la supervivencia de nuestra industria en el largo plazo.
Lo más fácil es claudicar y que la política aérea se decida en Washington y Bruselas (y tal vez en Dubai) pero eso no es sustentable ni patriótico. E-mail: [email protected]
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