Desde hace varias décadas que los trabajadores de la aviación propusieron contar con una política de estado en materia de transporte aéreo. La idea era crear grupos multidisciplinarios donde concurran los diversos agentes de la industria: aerolíneas, aeropuertos, agentes diversos de aviación, prestadores de servicios, gobierno, sindicatos, colegios y todos los posibles interesados en la industria. Habría que establecer en conjunto objetivos, metas, estrategias y compromisos concretos con mecanismos de evaluación y traducirlo en normatividades que garanticen el cumplimiento de las metas propuestas y que esto se perfile a largo plazo, es decir, al menos para los siguientes 30 años.
Esto no es inédito en el mundo. De hecho, las naciones más adelantadas en materia de aviación tienen sus políticas públicas diseñadas para 50 años con revisiones periódicas y flexibilidad para responder a coyunturas como la que plantea la pandemia.
El pasado 4 de agosto, en el LXIII aniversario de la fundación de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, hizo alusión a esta vieja demanda de ASPA de establecer dicha política de Estado, idea que ha retomado el nuevo secretario general, Humberto Gual Ángeles como una de sus prioridades.
La reflexión es que el sector transporte aéreo es una actividad estratégica y prioritaria por su impacto en el desarrollo económico del país, creación de empleos, derrama en otras áreas productivas y la incidencia directa en actividades generadoras de divisas, como el turismo, el comercio y los negocios. El sector aéreo representa el 2.4% del PIB y pese a la pandemia, es responsable de unos 120 mil empleos directos y aproximadamente 600 mil indirectos.
Los temas más importantes que debería atender esta política tienen que ver con la seguridad operacional y con la creación de infraestructura que contribuya al crecimiento económico y la conectividad del país.
En tal sentido, temas como el de Seneam, que es un organismo vital para la gestión de nuestro espacio aéreo, tendría que ser contemplado como un ente que rinda cuentas y tenga mecanismos de crecimiento profesional y un plan civil de carrera, para permitir que los profesionales de la especialidad se hagan cargo de la dirección y evitar la improvisación y la discrecionalidad que tanto le perjudican.
Dos de los más importantes puntos que la propuesta de política de Estado planteaba es la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil, un ente lo más autónomo e institucional posible, también con servicio civil de carrera y de alta especialización en el ámbito de la aviación civil, la cual debe caminar en ese sentido. El otro es la creación de un órgano autónomo para la investigación y dictaminación de accidentes de aviación. Ambas propuestas ya están conformadas y aunque aún tienen áreas de oportunidad, es indispensable que se les apoye fuertemente para que cumplan con sus objetivos.
De una estructura sólida y funcional depende que se cumplan las metas más importantes. Tener una autoridad bien constituida y profesional permite que se cumplan las normatividades que se derivan de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y esto significa que aerolíneas, las aviaciones ejecutiva y agrícola, aeropuertos, navegación aérea y los servicios auxiliares, así como el sistema de seguridad operacional, caminarán adecuadamente. Nada más, pero nada menos.
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