El transporte aéreo busca una conectividad basada en el concepto de mover pasajeros, carga y/o correo con la menor cantidad de puntos durante su tránsito; esto con la idea de hacer el trayecto lo más corto posible al más bajo precio mientras asegura que sus usuarios estén satisfechos.
Con miras optimizar la conectividad hay un marco regulatorio internacional entre varios países o regiones de países, lo suficientemente fuerte y que incluye entre otras cosas acceso al mercado (liberalización) permitiendo un uso óptimo de los servicios a la navegación aérea, aeronaves, sistemas aeroportuarios, facilitación, seguridad transporte intermodal y otros servicios que componen el entorno de la experiencia de transporte aéreo comercial civil.
Desde principio de la década de los noventa y en respuesta a la demanda de la industria de la aviación para reducir las barreras regulatorias los estados han comenzado a negociar más tratados bilaterales y multilaterales relacionados con esta liberalización incluyendo el conocido tratado de “Cielos abiertos“ los cuales permiten que la industria pueda seguir haciendo negocios, logrando una forma de operar más favorable en aquellos ambientes donde se puede buscar la expansión en el mercado.
La política liberatoria o desregularizadora que promueve la firma de tratados bilaterales y multilaterales de “cielos abiertos“ es una tendencia ya en el mercado internacional. La idea se centra en permitir acceso completo (sin restricciones sobre tercera cuarta y quinta libertad de derechos de tráfico) designación, capacidad y frecuencias, códigos compartidos y tarifas en un mercado doméstico para operadores internacionales y regionales.
Ya desde finales del siglo XX, la Organización Mundial del Turismo, también reconocía la importancia de la continua liberalización del aire, pues postula que eso llevaría a mejorar la competitividad, aumentar la inversión extranjera directa y acelerar la economía en desarrollo. Con muchos Estados que ya han intercambiado derechos liberales de tráfico de 3ra y 4ta libertad bajo acuerdos multilaterales bilaterales y regionales existentes, era –y continúa siendo– valioso dar el siguiente paso adelante bajo un acuerdo global: considerar un acuerdo liberal con el intercambio de al menos el tráfico de quinta libertad derechos. Cosa que aún no ha sucedido. México es uno de los países que no está interesado, por lo que comenté la semana pasada en esta mismo espacio: abrirse a las quintas libertades suele considerarse competencia desleal para una industria que enfrenta muchos factores adversos tanto en materia de regulación como de competencia en el mercado. Sin embargo hay otros países que no le temen a esto, como es el caso de los Estados Unidos, y mantienen una política de “cielos abiertos“.
Entre los beneficios que señalan sus defensores, una política de cielos abiertos traería consigo alentar la innovación y la eficiencia empresarial, y permitiría empresas para atraer empleados de alta calidad. También permitiría el crecimiento de aeropuertos y lineas aéreas. Las aerolíneas son capaces de aprovechar nuevas rutas para expandir sus redes globales, mientras que los aeropuertos se benefician del aumento del tráfico y más opciones de vuelo para usuarios del aeropuerto, como pasajeros. Los países que firmaron cielos abiertos los acuerdos experimentaron un crecimiento del tráfico un 17% mayor cinco años después de la firma, con más de un tercio de este crecimiento se explica por el crecimiento en nuevas rutas. El crecimiento de los servicios aéreos también crea más oportunidades de empleo, incluso para pilotos y tripulantes de cabina. Permitir a los transportistas ejercer la quinta libertad los derechos de tráfico o más en algunos sectores también aumentaría la diversidad de aerolíneas que prestan servicios en el mercado, proporcionando a los consumidores una mayor variedad.
Hablar de Cielos Abiertos en México requiere de un diagnóstico preciso y una proyección certera. Para lo cual se requeriría de una Política Pública Aeronáutica con visión de Estado –no de control político–, transexenal y proyectada al menos a 30 años. Y de la celebración de tratados internacionales de “cielos abiertos”, concediendo de forma recíproca y beneficiosa, derechos de tráfico entre los países “altas partes contratantes”. Por lo pronto nos queda que nuestra constitución en su artículo 25 señala:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo [...] La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
[...] El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.
Y en su artículo 28 señala:
[...] El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
Como el espacio aéreo, de acuerdo al artículo 27 de la Carta Magna es un bien nacional, debe concesionar la operación a nacionales y dar permiso a extranjeros y su uso y aprovechamiento implica el pago de derechos al Estado por parte de los operadores. Sin embargo, nada impide, al menos en mi opinión, desde el punto de vista constitucional que en un momento –más próximo que remoto– podemos contar con una política que contemple celebrar tratados de cielos abiertos. Lo cual sería una fuerte presión para los operadores mexicanos pero también una oportunidad para explorar nuevos mercados.
Pero me pasa como la Rana René:
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