Es casi una realidad cotidiana nacional que cada semana el titular del Ejecutivo Federal nos “sorprende” con alguna declaración, determinación, decreto o decisión que sacude los fundamentos institucionales, constitucionales y conceptuales del país. Trágico es reconocer que cada semana se incrementa el asombro generalizado por las propuestas de Palacio Nacional y sus allegados y asociados, ya sea por lo inverosímil, lo impráctico, lo errático o lo errado de sus declaraciones.
Mucho se puede leer e interpretar de estas posturas. Escapa a este espacio un análisis más profundo de las posturas presidenciales, pero el hecho es que prácticamente todas están encaminadas -de acuerdo a la evidencia observada y registrada, no a perspectivas personales- al gasto innecesario, a ahorros mal entendido y a la rectificación subsecuente. Solo debemos recordar que prácticamente la totalidad de las decisiones, determinaciones, edictos, y decretos de la presidencia desde diciembre del 2018 hasta la fecha de la presente redacción han terminado en controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicios de amparo o bien en inaplicabilidad al encontrarse estas directivas fuera de la ley.
Invito al lector a profundizar en este tema en fuentes oficiales (descontemos por el momento aquellas críticas y fuentes diversas no gubernamentales) y verá que prácticamente todas las decisiones de la actual administración, más allá de sus causas o si se siguen o no ejerciendo, han desembocado en recursos legales al ser estos ajenos a la legislación nacional e internacional vigente. ¿Errores de cálculo? ¿Ocurrencias? ¿Planes deliberados? Existen muchas interpretaciones, pero el hecho es que poco o nada es viable o próspero.
Esto mismo ocurrió a finales de julio pasado, cuando el titular del Poder Ejecutivo decretó que las Aduanas estarían a manos de la SEDENA y la SEMAR. Lo anterior no solo causó gran tumulto y revuelo nacional e internacional, en razón que es contrario a toda lógica administrativa contemporánea. Aparentemente causó la salida de un Secretario de Estado (Jiménez Espriú) y ha generado inmensa desconfianza internacional. No sólo el personal militar y naval no se encuentra preparado para llevar a cabo estas labores -sin descontar que ambas instituciones tienen personal de primera y altamente capacitado en muchos rubros- sino que, además y por si fuera poco, va en contra del orden constitucional mexicano.
No es esta una columna de derecho constitucional, ni pretende ser una cátedra jurídica. Sin embargo, esta decisión presidencial ha llevado a una controversia legal de gran proporción en el país, a incrementar el descontento del sector privado nacional e internacional, a desestimular la economía y la inversión, a acrecentar la desconfianza en las instituciones nacionales y a adicionar la larga lista de críticas a la presidencia. Si el argumento es que esta decisión se llevó a cabo para “combatir la corrupción” difícilmente puede ser sustentada si tomamos en cuenta los recientes reportes y notas de lo que ocurre en la obra del Aeropuerto de Santa Lucía, o de las múltiples “irregularidades” que se han reportado en diversos medios en las Capitanías de Puerto. Dejo esta revisión al lector para permitir que cada quien llegue a sus propias y respetables conclusiones.
Pero esta discusión ha permeado y derivado la posibilidad -que aparentemente en algunos círculos de Palacio Nacional y Lomas de Sotelo ya se está discutiendo- de que las terminales aéreas del país sean administradas (también) por la SEDENA. Bajo la repetitiva argumentación que esto es “para combatir la corrupción”, esta propuesta es señalada por muchos como otro paso para la “militarización del país”, “controlar las instituciones” y “empoderar al Ejército”. Posiblemente todas estas sean en mayor o menor medida ciertas, pero el contraargumento de fondo es todavía más profundo.
De entrada, cuestionable es que haya suficiente personal militar para de manera permanente administrar todas las instalaciones aeronáuticas del país. Tal vez de manera temporal se pudiera tutelar algunas instalaciones, ¿pero todas? Extremadamente difícil, no hay la cantidad de elementos requeridos para tal fin, más en razón que gran parte del personal ha sido desplegado y encomendado a otras labores (“prioridades presidenciales” se dicen en ciertos círculos).
Por otro lado, tenemos que no existe suficiente personal capacitado y competente en la Secretaría de la Defensa para encabezar de manera eficiente estas labores. Sin duda hay elementos muy valiosos y especializados en ambas instituciones militares; pero la cantidad y calidad requerida es totalmente en otro orden de magnitud. Recordemos que su orientación, vocación y preparación es bélica-militar (que son conceptos diferentes) y que la aeronáutica civil obedece a otros criterios y principios. Simplemente por razón de especialización profesional esta Secretaría estaría adentrándose en terrenos que no son de su competencia.
De manera adicional tenemos el terrible mensaje que se enviaría al sector privado nacional e internacional. Cuestionable es ya la aparente militarización de México, porque es síntoma de un régimen inestable, incapaz y temeroso. ¿Recurre el presidente a las Fuerzas Armadas porque no tiene mayor soporte o respaldo político-social, y se arropa en los incondicionales por que no tiene a nadie más que siga sus erráticos pasos? Este parece ser el mensaje que transmite, sea esto cierto o no. Mensaje terrible, por que en vez de dar confianza crea reservas, dudas y deja leer tal vez más de lo que existe y es.
Finalmente, está el trascendente detalle que debiera ponderarse: esta decisión (como otras que se han tomado) contraviene el Artículo 129° Constitucional. Éste señala que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Mientras este esencial referente constitucional siga vigente, cualquier decisión en este sentido que se lleve a cabo estará en contra del Estado de Derecho y del Estado Mexicano en su conjunto. Bien es sabido que el titular del Ejecutivo tiene la tendencia de hacer caso omiso de la legislación nacional, y de ser necesario modificar el orden normativo para que se cumplan sus decretos. Sin embargo, en este caso estamos hablando de un desafío a nuestra Carta Magna, al más alto orden de normativa nacional, y el referente esencial para la regulación de la vida nacional. Si se atenta y viola este referente ¿Qué nos quedaría como sociedad? ¿Se habrán perdido los límites? ¿Estamos entrando a un oscurantismo judicial y jurídico en México? Corresponde a cada lector llegar a sus propias conclusiones y determinar sus propias posturas.
El hecho es que, si se toma esta decisión, por donde la veamos, sería una trágica y terriblemente mala determinación. La corrupción es, sin lugar a dudas, uno de los grandes males que azotan a nuestro país. Pero usarla como argumento para violentar el orden constitucional y dotar de facultades extraordinarias a una institución cuya materia es distinta, y de manera colateral dañar profunda y tal vez irreparablemente a la gestión aeronáutica nacional es adentrarnos en tempestades innecesarias. Mucho da este tema para el análisis, pero la conclusión es evidente. Dejo al lector la última palabra.
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