En ocasiones anteriores, hemos comentado en este espacio de la imperiosa necesidad de que los Estados contemporáneos inviertan de manera consciente y consistente en la Defensa de su espacio aéreo, desde la fase de detección y telemetría, determinación e identificación de vulnerabilidades (riesgos y amenazas), de intercepción (si aplica) y de neutralización o minimización de potenciales afectaciones a su espacio aéreo. Implícito tenemos en esta discusión el delicado tema de la soberanía nacional, así como del Control y Domino del Espacio Aéreo Nacional.
Ciertamente, estos complejos temas requieren de un espacio mucho mayor que esta columna semanal para su apropiada discusión, pero no sobra decir que son asuntos de la mayor importancia nacional en materia de Seguridad y Defensa. En un contexto contemporáneo donde –equivocadamente- la mayor parte de la población de México considera estos temas como superfluos, o bien como temas de “ciencia ficción”, es importante reflexionar en torno a los mismos, en razón de que poseen la mayor trascendencia para la vida cotidiana y ordinaria de la ciudadanía.
Me permito insistir en un concepto que ha sido reiterativo en esta columna: quien controla los aires controla la tierra y el mar. Es un concepto básico de estrategia militar, geopolítica y geoestrategia, donde para conseguir la superioridad se busca el “terreno alto”. Desde el inicio de la aviación, esta concepción se ha extendido a nuestros límites atmosféricos, y desde la inauguración de la era espacial se ha extendido hasta ese entorno. Recordemos que la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética representó el punto y el ámbito más álgido entre las tensiones binacionales, y representó un aspecto de inflexión de trascendencia global.
Es meritorio de mención el apuntar que, pese a que el espacio exterior es para fines de Defensa y Seguridad de las Naciones contemporáneas uno de los ámbitos más relevantes y trascendentes, es uno sobre los que menos tratados o acuerdos internacionales existen. La razón, aunque parezca un contrasentido ilógico, tiene su fundamento en una visión pragmática del empleo militar del espacio exterior: mientras menos normatividad exista en la materia, los límites de su utilización residirán en la capacidad de explotación y aprovechamiento de las naciones individuales. De entrada, esto pone a los “usuarios” del entorno contextual espacial en un selecto grupo de países con la capacidad tecnológica de su uso.
El ámbito aeronáutico, aunque de empleo cotidiano más difundido, sigue la misma lógica. Su pleno empleo reside en aquellos pocos que tienen la capacidad tecnológica y conceptual para su explotación. Aquí es importante señalar que la aviación comercial es tan solo una pequeña arista de ese gran entorno. El aprovechamiento del espacio aéreo y espacial responde a las capacidades reales y exclusivas de las naciones particulares o en alianza estratégica. Estas capacidades estriban desde los medios de telecomunicaciones hasta los de adquisición y aprovechamiento de recursos naturales y energéticos.
Nuevamente, el elemento central en estos temas es la tecnología. A mayor tecnología, mayores capacidades; y a menor tecnología más grande debe ser la capacidad de tolerancia nacional de intromisiones de otros actores. Simplemente, no podemos reclamar lo que no podemos defender, y no podemos inconformarnos explícitamente (con todo lo que esto implica) si no tenemos los medios para detectar, comprobar y hacer valer nuestro Estado de Derecho o hacer frente a los retos directos o indirectos a nuestros intereses.
México se encuentra en una coyuntura bastante particular en este tema. Por un lado, existe un conjunto de entidades especialistas –principalmente de carácter académico- con capacidades de aprovechamiento aeronáutico y espacial con relativamente alta tecnología, pero de igual forma, buena parte del aprovechamiento de estos entornos es de relativa baja tecnología (de quince o veinte años de retraso relativo frente a otros países). Por su parte, las autoridades nacionales correspondientes y titulares a la Seguridad, Defensa y Control Normativo del Espacio Aéreo Mexicano emplean tecnología obsoleta, poco actualizada y dependiente de factores y actores externos.
Lo anterior representa un verdadero problema, en más de un sentido. Por un lado, depender de actores externos, privados o internacionales para fines de Seguridad y Defensa es un riesgo considerable, ya que las autoridades nacionales titulares no tienen total control sobre las variables que influyen en la Defensa y Seguridad Nacional. Por otro lado, si esta tecnología esta desactualizada o bien no es la apropiada, se presenta un entorno inestable, asimétrico, complejo y que pone al actor estatal en franca desventaja. Es una vulnerabilidad externa, aunque causada por factores externos. Es, en síntesis, una amenaza.
De acuerdo con la lógica intrínseca del Poder Nacional, no puede haber espacios vacíos en el ejercicio del mismo. Por lo tanto, si un Estado no ejerce adecuadamente sus recursos nacionales –entre ellos, el espacio aéreo- otros actores lo harán, pero en búsqueda de sus intereses. En consecuencia, podemos deducir que, si México no defiende su espacio aéreo y ejerce su derecho intrínseco de aprovechamiento y explotación espacial, otros actores lo harán para su beneficio. Lo más irónico de ello es que, al no tener los medios tecnológicos apropiados, mayoritariamente somos incapaces de detectar dichas intromisiones; y si lo hacemos realmente no podemos hacer nada al respecto.
La piedra angular de este tema reside en la tecnología y un apropiado concepto de su empleo. México requiere con urgencia una apropiada modernización y actualización de su tecnología para fines de Defensa y Seguridad Aérea y Espacial. Por lógica nacional, esto recae invariablemente en un fortalecimiento de nuestra Fuerza Aérea Mexicana, entidad titular en materia. Pero no sólo es necesario fortalecer este concepto, también es urgente modernizar nuestra aproximación conceptual al uso de estos recursos tecnológicos.
El Estado Mexicano y sus instituciones, como representantes de los intereses nacionales y de los de su población, debe tomar un camino urgente a la modernización orientada a minimizar la brecha existente y la asimetría relativa con otros Estados en lo que se refiere al pleno y total aprovechamiento de nuestro espacio aéreo y del entorno espacial orbital. No es una inversión a llevarse a cabo en un año, ni en tres y definitivamente no en un sexenio. Se trata de un compromiso estratégico de largo plazo, de décadas, buscando un bien posterior que debe construirse poco a poco, con convicción y visión de futuro.
De lo contrario no podremos acusar “violaciones a nuestra soberanía” o a comportamientos “abusivos” de otros actores internacionales. Defendamos lo nuestro con seriedad y nivel.
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