Al momento de escribir esta columna, y de acuerdo con lo establecido por los reglamentos de Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), se estaría llevando a cabo el último de los treinta días de búsqueda del avión Cessna 152 de la escuela México con matrícula XB-MZN, el cual aparentemente se accidentó cuando volaba en ruta entre los aeropuertos de Zihuatanejo y Acapulco. Tanto el instructor, Hugo Acuña, como el alumno, Fernando Rivera, no han vuelto a aparecer.
De acuerdo con la información de fuentes confiables, el avión tuvo un último contacto cuando se aproximaba a Acapulco, cuando reportó una emergencia y volaba en condiciones de mal tiempo sobre la radial 310 de la radio facilidad, entre 25 y 30 millas de distancia.
Los padres de Fernando Rivera, quienes radican en la ciudad de Durango, han hecho todo lo que han podido y, en medio de su dolor, han debido transportarse constantemente a la Ciudad de México y a Acapulco. Los Rivera están dispuestos a exigir que la investigación sea llevada adelante hasta sus últimas consecuencias, incluso si el avión y los pilotos no son encontrados y de acuerdo con lo establecido el Manual de investigación de accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Tengo información de que muy pronto los Rivera podrían ser recibidos por Miguel Peláez Lira, director de la DGAC, a quien estarán reportando todo lo que les han informado sobre la desaparición del avión y su punto de vista sobre la manera en que se ha coordinado el trabajo de búsqueda entre la autoridad aeronáutica en Acapulco y la dirección de la escuela de Aviación México, lo que por cierto no los tiene muy satisfechos.
Por razones obvias, los Rivera están muy interesados y tienen todo el derecho de conocer oficialmente, por parte de las autoridades de aeronáutica, todos los documentos que requieran, incluyendo los récords de mantenimiento del avión accidentado, entrenamiento y capacidades autorizadas en la licencia del instructor, inspecciones, permisos de navegación, actas ante ministerio público, etcétera.
Según comentarios de alumnos y exalumnos de la escuela de Aviación México en redes sociales, el avión accidentado tenía una larga lista de problemas mecánicos desde hace tiempo, y comentan que no es el único avión que mostraba problemas de esta índole.
Por lo pronto, los Rivera están haciendo pública una recompensa por 50 mil pesos a quien ofrezca datos comprobables sobre la ubicación de los restos de la aeronave y de su hijo Fernando. Por otra parte, estarían pensando seriamente en la conveniencia de aceptar la ayuda legal de una oficina de abogados especialistas en accidentes aéreos, ubicada en una ciudad de Estados Unidos.
Me parece que la autoridad aeronáutica y la dirección de la escuela deberían estar preocupados, porque estos grupos de abogados no aceptan casos a menos que estén seguros de ganarlos, lo que les ha traído ganancias multimillonarias después de tener éxito a través de demandas legales donde representaron a los deudos de personas fallecidas o desaparecidas en accidentes aéreos de todo tipo.
Ni qué decir sobre los problemas que estarían enfrentando nuestras autoridades de aeronáutica y la propia Escuela de Aviación México si los especialistas extranjeros intervienen en este asunto.
Según los que saben, si fuera necesario, se podría interponer una demanda en una corte norteamericana debido a que es un avión fabricado originalmente en Estados Unidos. Si esto llegara a suceder –y por todos los antecedentes que quienes hemos trabajado o trabajan en el medio conocemos–, no me quiero ni imaginar lo que podrían encontrar.
Como sea, la autoridad aeronáutica está obligada a continuar la investigación hasta el final y llegar a un dictamen que informe de manera oficial sobre la causa probable del accidente o la desaparición de la aeronave.
Quizá es el momento de que el Sr. Peláez Lira forme una comisión independiente de expertos y especialistas para llevar a cabo una inspección profesional, rápida y responsable de todas las escuelas de aviación en México, que incluyan sus programas de entrenamiento, los de mantenimiento, las condiciones y la antigüedad de flotas, la experiencia y las capacidades en licencias de sus instructores, sus protocolos y criterios de seguridad operativa, etcétera, para evitar en todo lo posible la pérdida de más vidas.
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